Comprar criptomonedas en Uruguay: qué aplica

legal

Esta página resume qué exige el Banco Central del Uruguay a los proveedores de servicios de activos virtuales, cómo tributan las ganancias en el IRPF y qué obligaciones de declaración existen. Información verificada en noviembre de 2026.

verificado el 2026-11-05 · English

Quién supervisa

  • Banco Central del Uruguay (BCU) – Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) — Autoriza, regula y supervisa a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y a los emisores de activos virtuales estables
  • Dirección General Impositiva (DGI) — Autoridad tributaria

Licencias de proveedores

La Ley 20.345 (septiembre de 2024) incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales a las entidades supervisadas por el BCU (art. 37 H de la Carta Orgánica del BCU, Ley 16.696; redacción actual según la Ley 20.446 de diciembre de 2025). La Circular 2507 del BCU (16 de julio de 2026, Res. SSF 2026-444) exige autorización previa de la SSF a las empresas que intercambian criptomonedas por dinero fiduciario u otras criptomonedas, que transfieren, custodian o ayudan a vender activos virtuales, incluso mediante protocolos de contratos inteligentes. Las solicitudes se reciben desde el 1 de septiembre de 2026; las empresas que ya operan deben presentarla a más tardar el 31 de marzo de 2027 y pueden seguir operando mientras se tramita.

Impuestos

No existe una norma tributaria específica para las criptomonedas. El IRPF grava como incrementos patrimoniales las ganancias por la venta de bienes corporales e incorporales al 12%; si no se puede acreditar el costo, la renta gravada es el 20% del precio de venta (alrededor de 2.4% del precio). Se gravan las rentas de fuente uruguaya; desde 2026 la Ley 20.446 extendió el IRPF a ciertas rentas e incrementos patrimoniales del exterior. La DGI no ha indicado si las ganancias con criptomonedas mantenidas en el exterior están gravadas.

Ganancias: 12% sobre la ganancia, o 12% sobre el 20% del precio de venta (alrededor de 2.4%) si no se puede acreditar el costo; tratamiento de las criptomonedas en el exterior no definido

Autoridad tributaria: impo.com.uy ↗

Declaraciones

Las personas físicas declaran las rentas de capital gravadas en el proceso del IRPF; para las rentas e incrementos patrimoniales del exterior se aplican anticipos semestrales (código 119) desde 2026. Según la Circular 2507, los PSAV deben identificar a sus clientes e incluir los datos del ordenante y del beneficiario en las transferencias de criptomonedas (regla de viaje).

Stablecoins

La Carta Orgánica del BCU (art. 37 C) incluye a los emisores de activos virtuales estables entre las entidades supervisadas por el BCU; no se encontraron normas detalladas sobre stablecoins.

Atención

  • Hasta el 31 de marzo de 2027, las plataformas cripto existentes pueden operar mientras su solicitud ante el BCU está pendiente; la solicitud todavía no prueba que hayan sido autorizadas.
  • Conserve los registros de compra: sin prueba del costo, el impuesto se calcula sobre el 20% del precio de venta.
  • Las operaciones en cajeros cripto de un PSAV tienen un tope de USD 1000 por cliente y por día.
  • El tratamiento fiscal de las criptomonedas en plataformas del exterior no está definido; consulte con la DGI o con un asesor.

Fuentes: [1] impo.com.uy[2] impo.com.uy[3] bcu.gub.uy[4] bcu.gub.uy[5] impo.com.uy[6] gub.uy[7] rsm.global[8] elobservador.com.uy

No confirmado: Registro oficial del BCU con los PSAV autorizados (no se encontró ninguno) · Posición de la DGI sobre dónde se ubican las criptomonedas a efectos de las reglas de fuente y si las ganancias con criptomonedas en el exterior quedan comprendidas en la Ley 20.446 (no figura en una página oficial) · Texto de la Consulta DGI 6.419 (solo fuentes secundarias) · Implementación del CARF en Uruguay y cualquier obligación de reporte ante la DGI para plataformas cripto (solo resultados de búsqueda) · Tratamiento de las tenencias de criptomonedas en el Impuesto al Patrimonio (IPPF) (solo fuente secundaria)

Información, no asesoramiento fiscal ni legal. Las reglas cambian: revise las fuentes oficiales enlazadas.